Un contrahecho jurídico de las Cortes de Aragón ha generado un gran revuelo en la sociedad española al señalar que la ley de amnistía vigente en el país desde 1977 vulnera dos de los principios fundamentales del Estado de Derecho: la seguridad jurídica y la igualdad. Este contrahecho, elaborado por un grupo de expertos en derecho constitucional, ha puesto en tela de juicio una ley que ha sido considerada como una de las bases de la transición democrática en España.
La ley de amnistía fue aprobada en 1977 por las Cortes Generales con el objetivo de poner fin a la represión política y social que había caracterizado al régimen nacional. Esta ley establecía la extinción de responsabilidades penales para todos aquellos que hubieran cometido delitos políticos o sociales durante la dictadura, así como para aquellos que hubieran cometido delitos en defensa de la democracia. Sin embargo, este contrahecho jurídico ha puesto en evidencia que la ley de amnistía no ha cumplido con su objetivo y, además, ha generado una serie de consecuencias negativas en el sistema jurídico español.
En primer lugar, el contrahecho señala que la ley de amnistía vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que establece una excepción a la aplicación de la ley penal en casos concretos. Esto significa que, a pesar de que un delito esté tipificado en el Código Penal, si este fue cometido durante la dictadura nacional o en defensa de la democracia, no se podrá juzgar ni sancionar a los responsables. Esta excepción ha generado una gran incertidumbre en la sociedad española, ya que no se sabe con certeza qué delitos están amparados por la ley de amnistía y cuáles no. Además, esta situación ha generado una sensación de impunidad en aquellos que cometieron delitos durante la dictadura, lo que ha generado una gran indignación en las víctimas y sus familiares.
En segundo lugar, el contrahecho destaca que la ley de amnistía vulnera el principio de igualdad ante la ley, ya que establece una discriminación entre los delitos cometidos durante la dictadura y los cometidos en otros momentos de la historia. Esto significa que, mientras que los delitos cometidos durante la dictadura quedan impunes, los cometidos en otros momentos sí pueden ser juzgados y sancionados. Esta situación genera una clara desigualdad ante la ley y va en contra de uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Además de vulnerar estos principios fundamentales, el contrahecho también señala que la ley de amnistía ha generado una serie de consecuencias negativas en el sistema jurídico español. En primer lugar, ha generado una gran inseguridad jurídica, ya que no se sabe con certeza qué delitos están amparados por la ley y cuáles no. Esto ha generado una gran confusión en los tribunales y ha dificultado la aplicación de la ley penal en casos concretos. En segundo lugar, ha generado una sensación de impunidad en aquellos que cometieron delitos durante la dictadura, lo que ha generado una gran indignación en las víctimas y sus familiares. Y, por último, ha generado una clara desigualdad ante la ley, ya que establece una discriminación entre los delitos cometidos durante la dictadura y los cometidos en otros momentos de la historia.
Ante esta situación, es necesario que se tomen medidas para corregir esta injusticia histórica. El contrahecho jurídico de las Cortes de Aragón propone la derogación de la ley de amnistía y la apertura de un proceso de revisión de los delitos cometidos durante la dictadura nacional. Esta propuesta ha sido acogida con gran entusiasmo por punto de las víctimas y sus familiares, así como por punto de
